LOS ÁNGELES — La gobernadora de Arizona promulgó el viernes la ley más severa de EEUU contra la inmigración ilegal, que pretende criminalizar a casi medio millón de inmigrantes indocumentados que viven en ese Estado norteamericano fronterizo con México.
Con su firma, la republicana Jan Brewer sancionó una ley que indignó a organizaciones defensoras de los inmigrantes sin papeles, alegró a los grupos ultraconservadores y generó rechazo del Gobierno de México, que, según prometió, "utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de los mexicanos en Arizona".
La gobernadora de Arizona estampó su firma mientras miles de manifestantes en las puertas de la sede de Gobierno estatal, en la ciudad de Phoenix, alzaban pancartas y gritos contra la ley que supone un claro desafío al Gobierno del presidente Barack Obama. La ley convierte en delito residir en el país sin documentos y permite a la policía interrogar y detener a cualquier persona basándose a "sospechas razonables" de que sea inmigrante ilegal.
Los opositores a esta ley afirman que si la policía pide los papeles a una persona bajo la sospecha de que es ilegal, y luego ésta resulta ser ciudadana estadounidense, entonces se le habrían vulnerado sus derechos constitucionales.
"La ley que voy a firmar, el proyecto del Senado 1070, es otra medida de nuestro estado que trabaja por resolver una crisis que no hemos creado y el gobierno federal se ha negado a solucionar", dijo la gobernadora. "Esta legislación ha sido objeto de un intenso debate e intensa crítica.(...) He escuchado pacientemente a ambos lados", aseguró Brewer.
Obama había calificado de "irresponsable" este intento de ley en Arizona, horas antes de su promulgación el viernes. "Aunque mucha gente está en desacuerdo, creo firmemente que (esta ley) representa lo mejor para Arizona", apuntó Brewer al mencionar los problemas de violencia y criminalidad que sufre la población a raíz de "una frontera porosa".
"No podemos sacrificar nuestra seguridad ante la codicia criminal de los carteles de la droga. No podemos permanecer de brazos cruzados mientras los secuestros y la violencia comprometen nuestra calidad de vida", agregó Brewer.
La indignación no se hizo esperar por parte de las organizaciones defensoras de los inmigrantes indocumentados, unos 11 millones a nivel nacional, muchos de de los cuales trabajan en el país. La nueva ley de Arizona "es otro ejemplo de por qué necesitamos arreglar nuestro averiado sistema de inmigración", dijo el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, en Washington.
"Estamos muy decepcionados" por la decisión de la gobernadora Brewer, dijo en un comunicado Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la organización defensora de los derechos civiles de la minoría hispana más grande en EEUU.
"Es una parodia absoluta que los legisladores de Arizona hayan llegado a este extremo en el año 2010", dijo Frank Sharry, del grupo de defensa de los inmigrantes America's Voice. "Bien podríamos estar en el Misisipi de los años 60", agregó refiriéndose a la lucha por los derechos civiles de los ciudadanos de raza negra.
A estas voces se unieron Bill Richardson, el gobernador hispano del vecino Estado de Nuevo México, que describió la medida como "terrible", y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que la tildó de "irresponsable".
Aunque Arizona no es uno de los Estados con mayor cantidad de indocumentados en el país, es la segunda jurisdicción -después de Nevada-, con mayor proporción de inmigrantes ilegales respecto a su población: casi medio millón de sus seis millones de habitantes, según datos del Centro Hispano Pew.
Brewer aseguró que "no tolerará la discriminación racial". Una vez promulgada la ley, un periodista le preguntó qué características tenían para ella los indocumentados: "Yo no sé cómo es un inmigrante ilegal", respondió.
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